La Justicia le ordenó al Gobierno que no entregue cosas a cambio de votos para Alberto R. Saá
El juez electoral, Fernando Spagnuolo dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social deberá “abstenerse” de realizar la práctica clientelista.
La justicia tomó la medida porque el Frente San Luis Unido denunció al Gobierno provincial por repartir colchones, camas y frazadas a cambio de votos para Alberto Rodríguez Saá.
Instó que se cumpla con la Ley Electoral y que se dejen de realizar actos de Gobierno que implique una “posible violación a la veda”.
La Justicia le ordenó al Gobierno que no entregue cosas a cambio de votos para Alberto R. Saá.
Quienes llevaron adelante la presentación fueron los apoderados del Frente, entre ellos, Ricardo Endeiza, Otoniel Pérez Miranda e Ignacio Campos.
Habían solicitado que “con carácter urgente” se le ordenara al ministerio de Desarrollo Social detener las acciones “violatorias de todas las garantías del voto libre”.
La Justicia le ordenó al Gobierno que no entregue cosas a cambio de votos para Alberto R. Saá.
Tuvieron en cuenta que se utilizaron vehículos oficiales para repartir los bienes y que fueron trasladados desde la ex Colonia, sede del ministerio de Desarrollo Social y desde el Velódromo provincial, ambas dependencias del Estado.
La Justicia le ordenó al Gobierno que no entregue cosas a cambio de votos para Alberto R. Saá.
Más denuncias por violación de la veda
Hoy se conoció otra presentación en torno a las elecciones, similar a la mencionada. El mismo Frente denunció que también reparten camas y colchones, pero para inducir el voto de Adolfo Rodríguez Saá.
Detallaron que la Municipalidad de Villa Mercedes lleva a cabo la distribución con el uso de vehículos oficiales con el fin de que los vecinos voten a candidatos “vinculados con la conducción comunal”.
Es decir, se beneficiarían, el actual jefe municipal, Mario Raúl Merlo, que se postula para diputado provincial por el Frente Juntos por la Gente y Gustavo Calderón junto a Pablo Zamora, que se candidatean a intendente y viceintendente.
El objetivo es que el municipio “se abstenga de estas prácticas clientelares violatorias".